Desarrollo agrario, punto clave para la paz
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| Fotografía tomada de la Revista Semana |
Grandes interrogantes surgen a partir de estos nacientes diálogos con las
Farc, como la legitimidad del Estado en la población rural; territorios donde
se ha hecho más presencia militar que política y
social (en términos de salud, educación, mejoramiento de calidad de
vida, etc), proyectos que beneficien a la
población civil y el desarrollo del país.
Este tema pone en cuestión también el mismo origen de las Farc, cuya
motivación primera se fundamenta en la falta de oportunidades de vida y trabajo
en el campo. Activa a su vez, la responsabilidad de este grupo armado en
despojos masivos de tierras y desplazamiento forzado.
Campesinos, en una tierra ajena
La tierra ha sido desde el surgimiento de las Farc en 1964, el escenario
del conflicto, no sólo aquel donde explotan bombas y se contabilizan cifras de
muertos, sino donde la violencia y la diferencia política ha ocupado el terreno
de las oportunidades en Colombia, el sector agrario.
Según el PNUD Colombia se ubica como uno de los países más desiguales en
propiedad rural en América Latina y el mundo, con un coeficiente de Gini de 0.85, en dicho estudio 1 significaría que toda la
tierra pertenece sólo a una persona. El 52%
de la gran propiedad rural está en manos del 1,15%
concentración que se presenta con mayor rigor en Antioquia, Caquetá,
Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander.
La debilidad institucional en el tema agrario no ha facilitado la
disminución del conflicto. Según la publicación “La desoladora geografía del
campo” de 2011 en La Silla Vacía, una encuesta realizada en 2009 por Midas,
programa de la AID para el desarrollo agrario en Colombia, en un periodo de
tres años no recibieron asistencia técnica 44,7% de los pequeños productores
del campo. Dicho periodo, según el medio de comunicación, coincide con la
gestión del Programa Agro Ingreso Seguro, donde se destinó mayor cantidad de
recursos para el campo.
El conflicto ha desplazado a más de 3,5 millones de personas, según el Alto
comisionado de la ONU para los refugiados y 662,469 hectáreas son reclamadas
por campesinos denunciantes de la coacción de las Farc en sus territorios,
según el Ministerio de Agricultura. Pero aparte de las cifras, el panorama
cultural deja en evidencia las concepciones de la tierra y los campesinos por
los mismos colombianos.
Se ha planteado una visión de desarrollo más cercana a lo urbano que a lo
rural, visión que ha puesto en el nivel más bajo del escalafón productivo y
social al campesino, quien vive del campo. Se ha privilegiado el conocimiento
científico producido en las aulas de clase y se ha invalidado el conocimiento
empírico de la tierra, la experiencia.
Sin más salida al conflicto, no sólo causado por las Farc sino por demás
actores violentos como los grupos paramilitares. Los pobladores de las zonas
rurales se desplazan y dejan en su lugar de origen la riqueza de sus
conocimientos.
Precaria estructura rural
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| Fotografía tomada de Prensarural.org |
El modelo de desarrollo rural en Colombia no ha sido acertado en cuanto a
oportunidades económicas y en cuanto a solución del conflicto. El Informe de
Desarrollo arroja que este no promueve el desarrollo humano, hace más
vulnerable a la población campesina, es inequitativo, acentúa la
vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación con los más urbanos, y
no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano. Además, no es sostenible ambientalmente,
es poco democrático y no permite construir una institucionalidad rural sólida.
Según un artículo publicado por la agencia BBC Mundo sobre los cinco puntos
de negociación, “mientras que el actual
gobierno apuesta por un modelo agroindustrial que permita aprovechar las
oportunidades generadas por los tratados de libre comercio, la guerrilla
reclama redistribución de la tierra y apoyo para el campesinado”.
La poca presencia del Estado en el ordenamiento del uso del territorio no
deja vuelta atrás. Este debe regular los asentamientos humanos, emprender programas
de desarrollo rural que ayuden a estabilizar las sociedades campesinas, que por
falta de conocimiento previo y por supervivencia se extienden sin control más
allá de la frontera agropecuaria.
La labor del mercado y del Estado no ha favorecido el sector rural. Al que
se suman factores como la falta de atención en el papel de la ciencia y la
tecnología y, ya mencionado antes, el desprecio por la capacidad productiva y
social de la población campesina.
En la tierra han confluido las grandes debilidades políticas, económicas y
culturales del país, lo que ha contribuido a una fuerte degradación del
conflicto armado y el posicionamiento del narcotráfico que trae consigo
problemas mayores de corrupción y crimen.
Proceso de paz, oportunidades para la tierra
El sector rural requiere de una política de desarrollo que si bien pueda
expandirse con los tratados internacionales como el TLC, de garantías
alternativas a los campesinos y sus proyectos. Los campesinos demandan un mayor
apoyo y atención del Estado antes que a los grandes mercaderes.
El proceso de paz actual podría inclinar al gobierno a tomar decisiones más
pacificadoras que provocadoras, al conflicto. Teniendo en cuenta que la superficie
continental de Colombia es de 114.17 millones de hectáreas, el 50.91
millones (44.6%) de hectáreas son utilizadas en el sector agropecuario. Para
actividades agrícolas sólo se usa el 4.9 millones de hectáreas, el país tiene
cerca de 21.5 millones de hectáreas que se pueden dedicar a la agricultura.
Además, uno de los puntos que la guerrilla siempre ha discutido es el tema
rural, desde su existencia, la guerrilla se han enfocado significativamente en la
tenencia y el uso de las tierras.
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| Fotografía tomada de Lafm.com |
Según cita el Universal.com en una publicación reciente al director del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Camilo González, “las Farc buscan avanzar lo máximo que puedan en una línea de reforma agraria y de estructuración de activos en el campo y de favorecimiento a la población campesina. El Gobierno, por su parte, no quiere ver afectadas la locomotora agraria de los macroproyectos agroindustriales, que son el eje de una política de productividad y exportación”.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el proyecto de ley del Estatuto de Desarrollo Rural, serán los asuntos principales que posiblemente se discutirán en las negociaciones. Este último propone para el tema rural, una legislación y una inversión más alta, para generar productividad en beneficio de los campesinos. También darle solución al problema de la distribución y propiedad de la tierra y promover un programa de desarrollo agrario equitativo (Desarrollo Rural con Equidad -DRE) con el fin de ofrecer asistencia técnica y financiera a pequeños y medianos productores.
En este contexto se tratará, según el Universal, “la gratuidad de la tierra para los campesinos,
manteniendo el derecho a la extinción de dominio de tierras inexplotadas o explotadas con vulneraciones al medio ambiente, con el propósito de democratizar el acceso a la tierra”.
En el marco de los diálogos de seguro será relevante también la disposición de tierras productivas a mujeres campesinas cabeza de hogar en su condición de abandonadas o viudas. Así como las víctimas de desplazamiento forzado y profesionales del sector agrario que puedan compartir sus conocimientos en pro del desarrollo rural.
Finalmente, tendrán posible cabida temas financieros como el acceso a créditos, subsidios de vivienda y absolución de deudas.Temas sociales que incluye la educación campesina.
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